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Quintana Roo: Iniciativa Ciudadana para reformar la Ley de Participación ciudadana del Estado

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El estado de Quintana Roo, en el sureste de México, posee una Ley de Participación Ciudadana que limita la posibilidad de participar a las personas habitantes del estado en tanto que no permite a todas y todos hagan uso de este derecho y hace prácticamente imposible de activar algunos mecanismos de participación debido a la gran cantidad de requisitos que solicita para hacer uso de estos. 

Bajo este contexto, Bios: Participación Politica y Desarrollo A.C, en conjunto con otras 23 organizaciones, detonó un proceso de cocreación para escribir una nueva ley de participación ciudadana, desde la ciudadanía, que lograra ampliar los mecanismos de participación ciudadana reconocidos en la ley (pasando de 8 mecanismos a 14) y simplificando sus requisitos para ser activados (analizando las leyes de participación de todos los estados del país y tomando como referencia buenas prácticas de las leyes más progresistas a nivel nacional, como la de Ciudad de México y Chihuahua, por ejemplo). Asimismo, se propone reconocer como sujetos de derecho a niñas, niños, adolescentes, personas residentes y en tránsito, mismas que antes no podían activar algun mecanismo previsto en la ley en tanto que no son consideradas ciudadanas.


Este proceso incluyó esfuerzos por parte del sector privado, académico y organizaciones de la sociedad civil, quienes presentaron la iniciativa en el congreso del estado gracias a un mecanismo existente denominado “Iniciativa Ciudadana”, por lo que el congreso estará obligado a discutirla en los siguientes meses. 

La alianza ciudadana que generó esta propuesta de ley de participación sigue creciendo cada vez más, siendo un evento histórico en el estado de Quintana Roo, pues no hay precedentes de que tantas personas y organizaciones colaboraran en un solo proceso de incidencia. Actualmente, se siguen llevando a cabo sesiones semanalmente para compartir avances en el monitoreo legislativo de la discusión y posterior aprobación de la ley; generar comunicación a través de redes sociales a través de conversatorios, infografías y materiales audiovisuales y; detonar procesos de pedagogía política a través de charlas y talleres en universidades públicas y privadas.

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